Los tiempos de la política son desenfocados cuando se está del lado de la ciudadanía a cuando se está del lado del gobierno. La coyuntura chilena es “rara”. Y los hechos desbordan. Al parar y leer el escenario se percibe que los actores son leídos desde posiciones, lugares distintos. Hay intereses cruzados en juego. En un cierto sentido son intereses cruzados por grupos de poder y de presión política y financiera. Son ordenamientos de significaciones diferenciales.

Se conjuga a lo anterior que el momento que vive el país, en términos de relevancia histórica es crucial, trascendental. Estamos en democracia y por lo mismo la L.G.E que está en el congreso requiere no solamente ser discutida sino perfeccionada. Pero los temores se sueltan por otras razones. Se sueltan porque han ingresado divisas al país dado el alza del cobre en los mercados internacionales, y a su vez, hay pocos sectores que pueden participar de esa riqueza, bonanza e incluso inversión en desarrollo autosustentable. En su mayoría se participa como consumidor, pero no como coadyuvante a la generación de recursos, por ejemplo, científico tecnológicos. La “Educación” en este campo por lo tanto, no resulta ser un detalle en orden a las decisiones de inversión en materia de innovación y de recursos humanos. Tampoco de mercado. Y los actores sociales más conscientes lo saben cuando no lo están observando o palpando.

Pero además, en esta lucha o territorio en disputa se juegan intereses de capital y de inversión de capitales distintos y contra puestos. Un sostenedor o una corporación educacional no es lo mismo en el mercado que un académico, un docente, un profesor, un para-docente, un auxiliar, un director o finalmente un cuerpo colegiado de profesionales que trabajan en liceos. Un sostenedor puede ser una persona jurídica asociada a partidos políticos o intereses estrictamente de propiedad individual o familiar patrimonial. Esta participación de intereses contrapuestos al interior del territorio tensiona la disputa incluido el capital simbólico y no solamente el económico. Tensiona la “dignidad” propio al capital simbólico, el cual en el mundo ético de los cuerpos profesionales y técnicos, está incluso arraigado como legitimidad histórica. Ganada como derechos, inclusive como patrimonio de la recuperación democrática. Y que por cierto el mundo social popular también ostenta.

Por lo mismo la galla está molesta. La clase media está un poquito cabreada ad portas de un proceso eleccionario que se inicia este año con las municipales y termina el próximo año con la elección parlamentaria y presidencial. Se asocia a lo anterior la opinión generalizada en cuanto a que los gobiernos de la concertación no han hecho mucho por la clase media de este país.

Han sacado de la pobreza al país precisamente cobrándoles los impuestos a los que trabajan a honorarios que a nivel nacional son los sectores de clase media, y a los jefes o jefas de hogar, trabajadores profesionales, técnicos, que deben invertir/pagar por la educación de sus hijos. Mientras, los ricos están $ más o $ menos, intactos. Los que ingresaron a la democracia de Aylwin con capitales invertidos en educación y en todas las otras áreas fuertes: minería, electricidad, aguas, bancas, ISPRES, AFP, medios de comunicación han aumentado su capital, incluso fuera, han ampliado y consolidado sus redes de expansión financiera. Pinochet se los regaló, y Aylwin, Frei, Lagos y ahora Bachelet, los han dejado intactos y les han permitido crecer, ergo, han vivido durante estos últimos 17 años de esas ganancias. Por otra parte, los que ingresaron a la riqueza a partir de los gobiernos de la Concertación, léase los electos y la alta gerencia pública, se constituyeron en un cuerpo cerrado de circulación de cargos, cuando no de tráfico y transferencia de dineros desde la gerencia pública hacia familias mandarinas asociadas a partidos políticos o grupos emergentes, porque el 0.5% de la farándula deportiva y “pop start” son el 0.5%, el 4% que se lleva, se ha llevado el 75% de la torta sigue siendo más o menos el mismo desde la democracia republicana.

Entonces, la cuestión es ¿Quién se va a quedar con la educación pública desde la superintendencia y a nivel regional desde los sostenedores?, ¿Quién se va a quedar con la orgánica institucional que traspasará la educación municipal a los actuales sostenedores privados? El asunto no es lucrar, sino, ¿quién se va a quedar con el lucro? ¿Quién del actual gobierno?